En Bolivia, existen tres únicas circunstancias bajo las cuales se puede acceder a la interrupción legal del embarazo, de acuerdo a lo establecido por la Sentencia Constitucional 0206/2014 de la Defensoría del Pueblo: cuando es producto de un delito de violación sexual, estupro o incesto, cuando el embarazo genera riesgo para la salud o la vida de la mujer o persona gestante, y cuando existen malformaciones congénitas letales.
Desafortunadamente, acceder al aborto incluso bajo estas circunstancias es complicado, ya que para la primera opción, la víctima solo puede acceder a un servicio de aborto presentando únicamente la copia de la denuncia de violación. Y para la segunda y tercera se necesita un informe médico.
¿Pero qué pasa con las demás mujeres cuyos embarazos no deseados no entran dentro de estas tres opciones?
Los abortos clandestinos en Bolivia
La situación en Bolivia es crítica, pues debido a estas legislaciones, hay persecución de las mujeres que aborten fuera de lo que marca la ley. La cual, cabe mencionar, no es suficiente para que se cumpla en su totalidad, pues en el caso de adolescentes y niñas víctimas de violación, se están creando obstáculos para que puedan abortar debido a que algunos prestadores de salud “se están declarando objetores de conciencia”, como explican algunas activistas feministas.
Desde el 2014 que se emitió dicha sentencia, únicamente se tienen registros de 700 interrupciones legales del embarazo, cuando, en realidad, algunas ONG calculan que en Bolivia cada año se registran al menos 57.000 abortos clandestinos.
En Bolivia, los abortos clandestinos son la tercera causa de muerte materna y esto solo se agrava más cuando tomamos en cuenta que tan solo en 2021, el Ministerio de Salud registró 39.747 embarazos en niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años, y a mediados de 2022, ya se habían reportado 16.752.
Ahora que, en el caso de las mujeres adultas, se contabiliza que al menos 115 acuden a hospitales públicos diariamente por complicaciones relacionadas con abortos clandestinos mal realizados, de acuerdo a un Estudio de Mortalidad Materna y Estadísticas del Censo Poblacional.
Criminalización de los abortos clandestinos en Bolivia
Un estudio realizado por la organización no gubernamental a favor de la salud reproductiva IPAS Bolivia, estableció que entre 2008 y 2013 se registraron 775 procesos por aborto ilegal en Bolivia. Las mujeres acusadas de interrumpir voluntariamente su embarazo fuera del marco de la ley, pueden ser castigadas de uno a tres años de prisión.
De igual manera, existen grupos y campañas de desinformación que buscan
incidir en las decisiones de las mujeres para continuar con la criminalización de sus decisiones en cuanto a sus cuerpos.
Es por eso que existen activistas, organizaciones no gubernamentales y feministas que abogan por la despenalización del aborto para proteger los derechos sexuales y reproductivos y así garantizar la salud tanto de niñas y adolescentes como de mujeres y personas gestantes en conjunto con la creación de políticas de prevención y educación sexual para evitar los embarazos no deseados.